Bernal recuerda que este tipo de políticas es característica de “los malos gobernantes”
Ha cifrado en 60 millones de euros el coste de las externalizaciones emprendidas por el equipo de Gobierno en un año
El concejal portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Marbella José Bernal ha lamentado hoy la “incapacidad” para gestionar lo público que están demostrando los dos miembros del bipartito (PP-OSP) y que le lleva a “despilfarrar” el dinero de todos los vecinos y vecinas del municipio en una “vorágine” de privatizaciones.
“Ningún ciudadano entiende que, en un Ayuntamiento con 3.500 trabajadores, sea necesario realizar millonarias externalizaciones de servicios”, ha explicado el edil socialista, añadiendo que este tipo de políticas, además de un aumento de gasto, supone un “rotundo fracaso” en gestión de los recursos municipales.
“Si no saben gestionar, que den un paso al lado y abandonen el gobierno, porque su incompetencia está hipotecando el futuro del municipio y va a suponer una pesada carga para los próximos años”, ha señalado. “Privatizar es el recurso que tienen los malos gobernantes”, añadió.
Además, ha añadido que este tipo de gestión “crea desconfianza entre los trabajadores públicos”, que sienten temor por su futuro y ven la posibilidad de que se ponga en marcha cualquier tipo de medida que ponga en peligro sus puestos de trabajo, como ocurrió en Ayuntamientos vecinos que “parecen ser el espejo en el que se mira el PP”.
Esta forma de hacer política también “cierra la puerta de las oportunidades a muchos demandantes de empleo de Marbella y San Pedro inscritos en las bolsas de trabajo del Ayuntamiento”, señaló, recordando que se han sustituido los principios de mérito y capacidad por el “enchufismo de amiguetes”.
En un año, destacó Bernal, “Ángeles Muñoz no ha puesto en marcha ni una obra del remanente con los 32 millones de euros que dejó nuestro Gobierno, ni han hecho absolutamente nada con los 100 millones de euros de superávit”.
El edil socialista ha recordado que durante su etapa como alcalde “se miraba al máximo hasta el último céntimo que se gastaba, porque el dinero es de los ciudadanos, a la mayoría le cuesta mucho pagar sus impuestos, y no se merecen que lo despilfarremos como está haciendo el PP”.
Las privatizaciones deben ser la “excepción, nunca la norma”, pese a lo cual, ahora, el gobierno del PP y de OSP, desde agosto del año pasado, ha puesto en marcha procesos de externalización por valor de 60 millones de euros.
Entre ellas, se encuentra el servicio de iluminación por 25 millones de euros por quince años, que gracias a un recurso planteado por el PSOE ha sido suspendido, si bien la intención del Gobierno municipal es sortear la legalidad para volver a ponerlo en marcha.
Destacó además que, a los cálculos iniciales, hay que sumar otros gastos que se van conociendo ahora, entre ellos el de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) que se ocupará el mantenimiento de las playas de Marbella con un contrato de 2,8 millones de euros.
Además, hay que sumar los 20 millones de euros de parques y jardines, 7 millones de los paseos marítimos, cerca de 3 millones de mantenimiento de las playas, o 3 millones de euros de los servicios de conserjería. A esto hay que sumar otros servicios.
En total, la cifra de privatizaciones, efectivas o fallidas, supera ya los 60 millones de euros. Ya que además de las mencionadas cabe recordar que PP y OSP han privatizado el servicio de conserjería, limpieza y mantenimiento del Serrano Lima, Carlos Cabezas, Vigil de Quiñones y Arroyo Primero por valor de 3.094.928 euros en dos años.
Además, insistió en que “lamentamos que el gobierno bipartito abandone los barrios para destinar este dinero a las privatizaciones, y nos oponemos a estas políticas, como ya hemos dicho, por el alto coste de inestabilidad para la plantilla actual, al aplicarse en 2020 el plan de ajuste; la inestabilidad laboral y el fin de las bolsas de trabajo, la deficiencia en la prestación de servicios y el abandono de empresas locales”.
Por último, Bernal llamó la atención que en las privatizaciones “prima el criterio de rentabilidad privada frente al de estabilidad laboral” y en la mayoría de los casos no suponen una mejora en el servicio.